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Pueblos originarios, Constitución y Paz social.

por Pedro Davis.

Articulación Ciudadana La Reina.

 

 

 

 

 

Que duda cabe, los términos Plurinacionalidad y Multiculturalidad, junto con el Derecho de Propiedad y Expropiación han sido los más mencionados, cuando a la hora de señalar las “barbaridades” de la Nueva Constitución, los partidarios del rechazo pretenden captar adhesiones.

 

Quizás el más grande acierto de la redacción a la que se está llegando, tras miles y miles de horas trabajadas por los convencionales, correcciones, armonización y normas transitorias mediante, es la amplitud de mirada para reconocer la diversidad de aspectos que deben considerarse en una constitución para la época actual. Considerar los temas de la inclusión, de la plurinacionalidad, de la multiculturalidad, del cambio climático, del papel de la ciencia en el desarrollo, son algunos de los temas recogidos.

 

En esta editorial nos referimos a la Plurinacionalidad y Multiculturalidad, conceptos de gran amplitud y complejidad que recogen de manera importante dos grandes realidades complementarias. Una es la de la coexistencia de habitantes de diferentes orígenes étnicos, sobre todo en los territorios cuya institucionalidad (países) es resultado de procesos de colonización, donde los pueblos originarios son sometidos por la fuerza, despojados de sus recursos, anulados en sus culturas y proscritos en todo aquello que no forme parte de un orden establecido artificial e impuesto por el colonizador

 

Estudios recientes señalan un gran consenso en los consultados sobre la necesidad de reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios. Así mismo, no sólo los pueblos originarios ni organizaciones de la sociedad civil que les apoyan, sino otras importantes corrientes de opinión coinciden en la necesidad de modificar la república de carácter monocultural.

 

En la Constitución que se está escribiendo, y sobre la cual nos pronunciaremos el 4 de septiembre de 2022, los términos Plurinacionalidad y Multiculturalidad son una parte fundamental desde el punto de vista de su contenido, porque recogen realidades presentes en casi todas las sociedades contemporáneas.

 

Hablar de Plurinacionalidad, es reconocer la realidad. En nuestro país desde antes de la colonia existían diferentes pueblos originarios y mestizaje, producto de las relaciones que se producían entre estos mismos pueblos. Con la llegada de los españoles, el pueblo ibérico y su descendencia, principalmente mestiza, es la que domina la institucionalidad después de la guerra de tres siglos contra el pueblo mapuche. Lo que conocemos después es sabido: expropiación - sin pago - de tierras mapuche como premio a los “leales” a la corona española primero, y a la oligarquía gobernante después; exclusiones de todo tipo para los integrantes de los pueblos originarios; desconocimiento de sus culturas y un permanente hostigamiento para que, en la práctica, se “chilenicen” y se “integren”  

 

Respecto de la Plurinacionalidad, y dado que ella tiene dimensiones políticas, económicas y jurisdiccionales, su trato requerirá sin duda un trabajo de afinamiento propio de las leyes que deberán hacer realidad estos conceptos.

 

La nueva constitución establece que, en el territorio llamado Chile, viven diferentes pueblos originarios que tienen derecho a existir, a mantener su cultura y a organizarse respetando sus tradiciones y formas propias. Todo ello, entendiendo que Chile es uno solo y que la plurinacionalidad significa que ninguna nación está por sobre otra en derechos y deberes, y que se deben respetar las diferencias. Este reconocimiento significa que el principio de inclusión -y no el de integración- es el que garantiza el derecho de todos los pueblos a ser parte de Chile. Un solo país, muchos pueblos y muchas culturas, donde cabemos todos con iguales derechos y deberes

 

Pero no es sólo eso. Todos los artículos que se refieren a la descentralización del poder y de todas las formas de ejercerlo, los procesos de participación ciudadana (son ciudadanos todos los habitantes del territorio que cumplan con requisitos de edad), el aumento de las facultades políticas, económicas y administrativas a los gobiernos regionales y comunales tendrán un fuerte impacto en el proceso, respeto y garantía de los derechos de los integrantes de los pueblos originales. Algo que se venía haciendo tímidamente y sólo por iniciativas de los gobiernos de turno, que discriminaban positivamente a los integrantes de pueblos originarios en la entrega de algunas “ayudas” de carácter social. Ahora este pasa a ser tema de rango constitucional, ya no como un favor o dádiva, sino como un derecho social.

 

El reconocimiento a la Plurinacionalidad y la Multiculturalidad de Chile desde el párrafo primero de la constitución, deja las cosas claras después de más de 200 años de historia como país “independiente”.

 

El texto constitucional significará avances importantes para los pueblos originarios en cuanto a su reconocimiento, a la restitución de tierras, a la inversión en educación y salud, a aumentar la seguridad pública, a pedir perdón por los abusos cometidos, al derecho a ser educados en su propia lengua, a disponer de escaños reservados en la elecciones, al derecho a propiedad comunitaria, el reconocimiento de las medicinas indígenas y su articulacion en el territorio con el sistema público de salud y al reconocimiento de la naturaleza como sujeto de Derecho, a la Protección de la generación y difusión de conocimientos de los pueblos indígenas, a la consulta a sus autoridades ancestrales sobre asuntos que involucren a su territorio, a la recepción de retribución por la explotación extractiva de sus terrenos, es decir, al reconocimiento de sus derechos colectivos como pueblos centrados en los derechos territoriales y la autodeterminación

 

Avanzar en la mejor redacción posible del texto constitucional, de las normas transitorias y la voluntad política que deberemos generar para hacer las leyes que faciliten el proceso, sin lugar a duda significará más y mejor democracia, respeto y garantía de derechos sociales para todos, menos conflictos, mejor convivencia. En definitiva, un mejor vivir y paz social, avanzando hacia las democracias plurinacionales e inclusivas del siglo XXI.