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La educación, un derecho que merece ser recuperado.
En su esencia la Nueva Constitución abre las puertas para lograr este sueño
Verónica Oyarzún Coliñir. 
Educadora Diferencial - Magister en Gestión y Administración Educacional.

 

 

 

 

 

Siendo la Educación uno de los Derechos Fundamentales, toda persona debe recibir educación sin discriminación ni exclusión. Este proceso permite el desarrollo personal a través de los valores, de la socialización, del desarrollo de capacidades y emociones, del pensamiento crítico y la reflexión de la sociedad en la cual queremos vivir e insertarnos como sujetos activos de cambio. “El principal valor y objetivo de la educación es la transformación de un mundo desigual e injusto en uno ético y profundamente solidario” (Paulo Freire, educador brasileño).

 

El sistema educacional chileno estaba estructurado de tal forma que era claramente visible la presencia de la educación pública, es decir, la responsabilidad de entregar educación a los ciudadanos era del Estado. Si vamos más atrás diremos que en 1837, en un documento firmado por Diego Portales, primer Ministro de Educación, se explicita: “Promover y dirigir la instrucción y educación pública en toda la República y la inspección de todos los establecimientos de educación, costeados con fondos nacionales o municipales. La instrucción debe llegar a los más pobres en todos los rincones del país y paralelo se estudia los métodos y reglamento para la formación de los maestros”. Historiadores han destacado que cuando se menciona que “la instrucción debe llegar a los más pobres en todos los rincones del país” se pone el acento en la cobertura y al señalar que se están estudiando “métodos y reglamentos para la formación de maestros” se pone el acento en la calidad. Así se fue consolidando el sistema de educación, con reformas que generaron avances en relación a la calidad, la estructuración de los niveles y la cobertura.

 

En 1980, en el periodo de la dictadura, se estableció una nueva reforma educacional, un rediseño de la arquitectura de la educación, donde el foco principal fue la privatización; en este esquema, el Estado financia, pero no provee ni administra el sistema. Por una parte, se traspasa los colegios a las municipalidades, sin tener éstas un foco sobre la educación ni menos sobre su administración. Queda claro que tener los recursos necesarios para asumir este desafío no era preocupación del gobierno de la dictadura.  El objetivo fue disminuir el rol del Estado, no sólo se privatizó la educación, lo mismo se hizo con la salud, pensiones, etc.

 

Por otra parte, se favorece la creación de colegios con subsidios estatales (colegios particulares subvencionados) y sin mayores exigencias para los sostenedores. Así fue como aumentaron significativamente los establecimientos educacionales, nace un nuevo tipo de empresas y muy lucrativas. Se atomiza la Educación, se genera segregación y diferenciación, una educación para ricos y otra para pobres. Los costos pagados por esta mirada propia del sistema neoliberal “educación – mercado” son innumerables. Esto se ha ido regulando en parte por la LEGE 2009 (requisitos para ser sostenedores) y la Ley de Inclusión 2015.

 

En esta máquina de lucrar con la educación, debemos reconocer como proceso de cambio, las movilizaciones estudiantiles. En el año 2006 se produjo la Revolución Pingüina, la más importante movilización de los estudiantes secundarios, quienes, en respuesta a la privatización del sistema de educación impuesta por el régimen dictatorial, exigían el Derecho a la Educación y el fin de la municipalización de la enseñanza, entre otras peticiones. El 2011 se luchó por la gratuidad universal como derecho social y el financiamiento basal.  El 18 de octubre, día del Estallido Social, la sociedad en su conjunto y en todo el país  apoya las exigencias de los estudiantes pero también se suma el descontento por el modelo socio-económico neoliberal. En 2019 se logra poner en carpeta la exigencia de la necesidad de cambiar la Constitución, votada por amplia mayoría el 2020.

 

Hoy reconocemos en el borrador de la nueva Constitución un gran avance en los artículos aprobados, entre ellos se destaca el rol del Estado, definido como un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Un Estado que garantiza la protección de los derechos humanos individuales y colectivos.

 

En Educación se establece: “Todas las personas tienen derecho a la educación, que es un deber primordial e ineludible del Estado. Las instituciones que lo conforman estarán sujetas al régimen común que fije la ley, serán de carácter democrático, no podrán discriminar en su acceso, se regirán por los fines y principios de este derecho, y tendrán prohibida toda forma de lucro. El Estado deberá brindar oportunidades y apoyos adicionales a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión. El Estado deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado”.

 

Se puede concluir entonces, que vamos por buen camino, de todos depende que no volvamos atrás, porque en la nueva Constitución se incluyen muchos de los cambios que hemos deseado. Aprobar significa contar con una educación pública, gratuita, inclusiva, democrática y que garantiza la libertad de enseñanza.