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ARTICULACIÓN CIUDADANA LA REINA

Nueva Constitución: hacia una salud integral garantizada por el Estado.

Por María Teresa Escobar M.

Médica Familiar.

 

 

 

 

“El Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales* y ambientales sobre la salud de la población”.

 

El concepto de SALUD es cambiante en la historia, se modifica de acuerdo a las ideas dominantes de cada sociedad y de su diversidad cultural. Su definición no es estrictamente biológica, que es lo que ocurre cuando se la homologa a la ausencia de enfermedad, sino primariamente social, como bien lo detalla una mapuche conocedora de las plantas medicinales. Para ella salud significa un buen equilibrio, estar contento, estar bien, saber reírse, tener un medio ambiente y una familia en armonía.

 

Por otro lado, diversos estudios han demostrado que el principal factor que determina el estado de salud de una población es el nivel económico y socio demográfico que esta posee, solo una cuarta parte del nivel de salud es explicado por su sistema sanitario.

 

Por eso es tan importante la propuesta de la nueva Constitución que hace referencia a estos conceptos señalando en el artículo 4 del capítulo II Derechos fundamentales y garantías: “Toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental. El Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población”.

 

Al hablar de determinantes sociales de la salud, nos hacemos cargo de que existan y se implementen políticas estatales destinadas a mejorar las condiciones de vida de toda la población como, por ejemplo: vivienda digna, seguridad, transporte público de calidad, entre otras muchas cosas.

 

No basta con mejorar el sistema de salud. El cambio debe ser más amplio y profundo, como plantea la propuesta constitucional: un Sistema Nacional de Salud de carácter universal público e integrado, basado en la atención primaria, lo que es muy semejante a los sistemas de salud del Reino Unido o de Canadá.

 

Una atención primaria fortalecida será capaz de aumentar las expectativas y calidad de vida de todos los habitantes de este país, además de contener los costos que permanentemente están en alza. Además de su función curativa, tiene otras de vital importancia que son la promoción y prevención de la salud.

 

En el manejo de la pandemia por COVID hubo un punto de inflexión cuando se incorporó a la atención primaria en la estrategia de seguimiento y testeo, además de su rol fundamental en la vacunación.

 

A diciembre de 2021, según datos de la Superintendencia de Salud, los afiliados a Isapre y sus cargas alcanzan al 17,2% de la población chilena. Sabemos que en ese porcentaje están los más pudientes de nuestra sociedad, quienes acceden con facilidad a los especialistas, a las clínicas, a los exámenes de última generación. Por otro lado, la población más vulnerable accede con dificultad a un sistema público empobrecido, diezmado por un modelo que privilegia la ganancia económica por sobre la vida. FONASA, que da cobertura a más del 80% de la población, entrega los recursos según las prestaciones realizadas por los hospitales, pero durante décadas han estado subvaloradas, lo que genera un permanente déficit, y se traduce en falta de recurso humano, de insumos, de exámenes, en infraestructura deficiente y no mantenida adecuadamente.

 

Tomemos como ejemplo la denuncia de “tortura” que realizó la Ministra de Salud hace un mes al Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso ante la Fiscalía, porque se realizaba terapia de electroshock sin el apoyo anestésico adecuado. Ante esto, diversas organizaciones de trabajadores de ese centro siquiátrico y otros declararon sentirse afectados porque desprestigiaba su difícil trabajo. La Ministra tuvo que desdecirse tras su visita al centro hospitalario ya que en el recorrido pudo constatar, como señaló Ignacio De La Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso: “La tremenda precariedad, el abandono por parte del Estado en cuanto a recursos financieros, gestión clínica, desarrollo de políticas de salud mental”. Ignacio De La Torre enfatizó: “No podemos aceptar como normal que se judicialice la precariedad “. Porque ¿de quién es la responsabilidad última de que no se cuente con los recursos necesarios ni para contratar a un especialista?

 

Por eso, tal como señala la nueva Constitución en el artículo 44, capítulo de los Derechos fundamentales y garantías: “Corresponde exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas” y más adelante: “Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud”. Es hora de cambiar a un sistema justo y solidario.

 

 

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*Determinantes sociales de la Salud: se definen como todas las fuerzas políticas,sistemas económicos,

normas sociales, estrategias sociales y de desarrollo que, junto a las condiciones en las cuales

las personas desarrollan su existencia, dan forma a las condiciones de la vida diaria.

 

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