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Educación Ambiental: se abren las compuertas.

Sebastián Infante.

Integrante del Comité Ambiental La Reina.

Director Ejecutivo Fundación Sendero de Chile.

 

 

 

 

La última norma en ser aprobada por la Convención Constitucional se refiere a la educación ambiental, señalando que:

 

“Es deber del Estado garantizar una educación ambiental que fortalezca la preservación,

conservación y cuidados requeridos respecto al medio ambiente y la Naturaleza,

y que permita formar conciencia ecológica”.

 

Esta norma, que forma parte del capítulo de Medio Ambiente y Crisis Climática en la arquitectura del texto constitucional, tiene una serie de implicancias a futuro en nuestra sociedad.

 

La educación y sensibilización ambiental aparece transversalmente en las distintas estrategias sectoriales para enfrentar el cambio climático, la crisis hídrica y la pérdida de biodiversidad, tanto a nivel global como nacional.  Sin embargo, el aporte del Estado en estas materias ha sido mínimo, tanto desde la institucionalidad ambiental como del sistema educativo. La irrelevancia del tema ecológico y social en la Constitución del 80, que privilegió los valores de la propiedad y el mercado, por sobre los de los territorios y los ecosistemas, no facilitaron el despegue de la educación ambiental.

 

En cambio, el borrador de la nueva Constitución no sólo hace referencia a la educación ambiental por la norma citada.  También menciona a la educación ambiental, al definir un principio constitucional sobre la naturaleza, señalando:

 

“Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y

forman, con ella, un conjunto inseparable.

La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de

protegerlos y respetarlos.

El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable

y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de

formación y aprendizaje permanentes”.

 

Hermosos principios rectores, propios de una constitución del siglo XXI.   Aunque hacer efectivos estos derechos y deberes del Estado represente un gran desafío para la sociedad y la clase política, debiendo traducirse en nuevas leyes, reglamentos y asignaciones presupuestarias, que den origen a nuevo proyecto de Estado en materia de educación y sensibilización ambiental.

 

Pensar, por ejemplo, en cómo formar una sociedad más consciente y responsable respecto del uso del agua y del suelo, más cuidadosa de las áreas naturales y la biodiversidad, menos ruidosa y acelerada en su tránsito cotidiano, que poco a poco apacigüe el desenfrenado consumismo y nos acerque a la mejor vida que todos queremos.

 

Para finalizar, no olvidemos que la nueva Constitución consagra al Estado Regional, dando mayores atribuciones a los gobiernos regionales y comunales autónomos, y exigiéndoles mayores deberes en materia de protección y cuidado de la naturaleza y educación ambiental.  Así, estas materias no solo deberán abordarse desde los ministerios, sino también desde los territorios.