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Derechos Humanos, Justicia, FFAA y Nueva Constitución.

por Articulación Ciudadana La Reina.

 

 

 

 

El 22 de junio de 2022, 49 años después del golpe de estado, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago anuló los decretos que habían dado de baja a cinco exoficiales de la FACH condenados por un Consejo de Guerra en 1973. Con anterioridad a este fallo y con fecha 3 de octubre de 2016, la Corte Suprema había anulado la sentencia dictada en Consejo de Guerra en contra de estos cinco subtenientes y de 78 personas más, declarando su absolución por haberse acreditado su completa inocencia. Este hecho ratifica lo afirmado permanentemente:  la violación sistemática de los derechos humanos por parte de la dictadura cívico militar empezó desde el mismo día del golpe de Estado y aún no se hace justicia.

 

Es evidente que Chile vive una situación de empate de poder entre las fuerzas que pujan por una restauración del neoliberalismo más brutal, (incluso con uso de la fuerza para reprimir a los adversarios como se hizo durante toda la dictadura) y las fuerzas de cambio, expresadas durante el estallido social del 2019 (sobre todo en la multitudinaria manifestación del 25 de Octubre de 2019) y la gran mayoría del casi 80% que votó por la alternativa Apruebo para redactar una nueva Constitución y para que fuera redactada solo por ciudadanos, sin intervención de la institucionalidad política.

 

En la Constitución propuesta por la Convención Constitucional, el término “derechos humanos” aparece en el tercer artículo del Capítulo 1 y en más de cuarenta ocasiones posteriores. En la Constitución de 1980, incluidas las modificaciones posteriores, la frase “derechos humanos” solo aparece en el epígrafe bajo el artículo 7 y en el artículo 9 del Capítulo 1. Se hace evidente entonces la diferente valoración que dan a los derechos humanos los partidarios del Apruebo y los partidarios del Rechazo.

 

Todos sabemos que la imparcialidad de la justicia en Chile ha estado siempre en tela de juicio. Durante los 17 años de dictadura, el poder judicial (con honrosas excepciones) no defendió a los más débiles, miró para el lado en las violaciones a los derechos humanos y fue condescendiente con los miembros de las Fuerzas Armadas. Durante la transición, la presión permanente de las organizaciones de familiares de presos políticos, torturados, ejecutados y desaparecidos ha obligado a la justicia a involucrase más.

 

Saludamos con esperanza el fallo comentado al inicio de esta editorial. Tenemos la esperanza de que sea el primer paso de un profundo proceso de verdad, justicia y reparación. El país se lo debe a sus mártires de las Fuerzas Armadas, los emblemáticos generales Schneider, Bachelet y Prat y a las decenas de soldados anónimos detenidos, torturados, ejecutados y, probablemente, detenidos desaparecidos. Se lo debemos a cada una de las miles de víctimas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en nuestro país.

 

Y debemos incluir en esta deuda, por cierto, a las víctimas de las violaciones que continuaron durante la transición, especialmente a partir del 18 de octubre de 2019. En este último periodo, la justicia tampoco ha actuado con prontitud. Detenidos arbitrariamente, personas con daños oculares severos o incluso con pérdida total de la visión, personas violadas, torturadas, asesinadas: crímenes que aún esperan la identificación y el castigo de los responsables.

 

Por otro lado, una de las tareas pendientes más duras de nuestra transición política es la democratización de las Fuerzas Armadas, el cambio de la Doctrina de Seguridad Nacional basada en el enemigo interno y su sujeción al poder civil. No más ministros de defensa simulando que mandan a las FFAA y FFAA simulando que obedecen. Las Fuerzas Armadas y Carabineros siguen siendo clasistas, no tienen una sólida formación en derechos humanos y han sido infiltradas y corroídas por la corrupción. Montajes, robos organizados, incumplimiento reiterado de los protocolos, comandantes en jefe, generales y coroneles procesados, nos muestran instituciones que deben ser profundamente reformadas.

 

Trabajamos para que el 4 de septiembre de 2022 se cierre una etapa y se abra un camino. Durante el mandato de un gobierno progresista de izquierdas, aprobaremos una Constitución redactada por el grupo más diverso y representativo de nuestra historia, constituido institucionalmente con el mandato de cerca del 80% de los votantes. La Constitución que se aprobará será un piso para empezar a avanzar de verdad y sin remilgos en la construcción de un país más justo.

 

Ese es el desafío: construir un país para todos, incluido el 1% ultra privilegiado, un país también para militares, carabineros, policías y gendarmes, también para miembros del poder judicial. Todas y todos somos responsables de esa construcción, de hacerla bien, con prudencia, pero con fuerza; con eficiencia, pero también con audacia, eso es lo que clamaron millones durante los últimos tres meses de 2019 y los 3 primeros de 2020. Debemos hacer todo lo necesario para no defraudarlos.