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Aprobar para avanzar.

Por Articulación Ciudadana La Reina.

 

 

 

 

El 4 de septiembre votaremos sobre la nueva Constitución. “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, Intercultural, regional y ecológico” dice en el primer párrafo, para continuar: “Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Se reconocen como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”. Termina el primer artículo con “La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”.

 

¿Qué diferencia hay entre esta Constitución y la de Pinochet donde el Estado es reducido a su mínima expresión quedando bajo la categoría de subsidiario, concepto que recogen en sus declaraciones de principios todos los partidos de la derecha que promueven el Rechazo?

 

Y es que la nueva Constitución no tiene su origen en una decisión dictatorial para legitimar la defensa de los privilegios de unos pocos, sino en la masiva demanda ciudadana por soluciones reales a las necesidades no satisfechas de una gran mayoría.

 

El estallido de octubre de 2019 obligó a la institucionalidad política a buscar una salida a la grave crisis de poder existente en el país, cuando los de arriba no eran capaces de gobernar y los de abajo no tenían la fuerza y organización necesarias para reemplazarlos en el poder.

 

El Parlamento y el poder ejecutivo concordaron una agenda para salir de la crisis: hacer una nueva Constitución, definir un mecanismo para redactarla, convocar a un plebiscito para que la ciudadanía definiera si quería esa nueva Constitución y de qué manera debería ser escrita.

 

La institucionalidad, presionada por su propio descrédito, descartó de antemano las posibilidades de que la redacción quedara en manos del Parlamento o de algunos parlamentarios y “expertos”. En su lugar, propuso como alternativas que los redactores estuvieran conformados por un 50% de parlamentarios y un 50% de ciudadanos o por un 100% de ciudadanos elegidos para tal efecto. Pero el acuerdo no fue suficiente, quedaban fuera la participación de los pueblos originarios, la paridad de género y el papel de los independientes.

 

Prontamente, y antes de que estallara de nuevo el descontento, fueron corrigiendo la propuesta inicial. Los independientes podrían presentarse en listas, previa recolección de firmas; la convención debía ser paritaria y se incluirían cupos reservados para los pueblos originarios, reconociendo su existencia y su derecho a una representación propia.

 

Lo que vino después es sabido: casi el 80% de los votantes se pronuncia por la necesidad de una Nueva Constitución y similar cifra señala que debe ser redactada solo por ciudadanos. Luego toca elegir a los convencionales; 155 personas de todo el país, de todos sus pueblos, de múltiples profesiones y oficios o sin ellos, de distintos sexos y géneros, de diferentes generaciones y estratos, son elegidas. Por primera vez en la historia se expresa la plurinacionalidad, la interculturalidad y la gran diversidad del país. Así se abren la puerta y la ventana para que se ilumine la casa, la casa del 99,9%. Sin ninguna duda, La Convención Constitucional ha sido la instancia más representativa de la historia chilena.

 

Tras miles de horas de trabajo de 154 convencionales, tenemos Constitución y es buena, muy buena. Pudo ser mejor, por supuesto, pero es más, mucho más que lo esperado por millones. Solo leer los tres primeros párrafos abre la esperanza, seguir leyendo es seguir sorprendiéndose.

 

Esta es una Constitución para avanzar, y porque cada día somos más quienes creemos que Aprobar es Avanzar, venceremos y será hermoso.